Durante esta pandemia, varios políticos a lo largo del globo han aprovechado para tomar decisiones que, de no ser por el virus, causarían que el pueblo se expresara en contra, como mínimo manifestándose en las vialidades. Isabel Celaá, ministra de educación y formación profesional de España, no ha sido una excepción, de acuerdo a la coordinadora estatal de plataformas de religión.
En los últimos días, Celaá ha sido criticada por apresurar su reforma educativa, mediante la cual elimina la obligatoriedad de las clases de religión, afectando al profesorado de religión, poniendo en riesgo tanto su carrera como su oportunidad de educar.
Esta noticia me llamó la atención debido a que en clases anteriores hemos discutido acerca de si la religión debería ser impuesta a los infantes o dejar que ellos investiguen y se informen a cierta edad. Aunque, de acuerdo a ciertas posturas, esta reforma es un paso hacia delante, a mi me causa conflicto los trabajos y carreras de varios profesores de Religión que sufrirán un impacto negativo debido a esta reforma, no estoy a favor de decisiones que; buscando el bien común, afecten a ciertas poblaciones en especifico.
Asimismo, no considero del todo ético el tomar decisiones o aprobar reformas en épocas o fechas donde es posible desviar la atención del ojo publico, como en México hemos visto que hacen en los partidos de futball. Aun cuando la decisión sea la indicada, considero la manera de hacerlo causa problemas necesarios que evitan a los ciudadanos a ver el "bien" o el "efecto positivo.
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